Raúl Canosa Usera

La reforma constitucional es un mecanismo de adaptación de la Constitución al tiempo que, operando sobre su texto, permite a la generación que la acomete decidir sobre lo esencial de la convivencia política.
En la historia del constitucionalismo español se ha preferido la revolución a la reforma y a una Constitución, generalmente de partido, se sucedía otra que duraba el tiempo durante el cual partido proponente mantenía su hegemonía. Y la Constitución nacida de un cierto acuerdo, la de 1876, no evolucionó lo suficiente y colapsó.
La Constitución de 1978, fruto del célebre consenso, se diferencia en esto radicalmente de sus predecesoras, pero sólo ha sido reformada cuando no había más remedio. Y aunque la adaptación de una constitución puede hacerse a través de la interpretación (véase la gran labor del Tribunal Constitucional), lo más conveniente sería combinar ambos tipos de ajuste (interpretación y reforma) a lo largo del tiempo.
La reforma de nuestra Constitución comenzó a plantearse seriamente en 2004 (véase el importante informe sobre la reforma elaborado por el Consejo de Estado, de 2006). Y aunque la primera justificación de una posible reforma radicaba en la necesidad de eliminar la preterición de la mujer en la sucesión al Trono, ya subyacía el gran problema político de la vida española: la vertebración territorial, problema que se agudizó tras la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, en la que este desactivó aspectos relevantes del Estatuto de Cataluña de 2006, dando a entender que la solución que daba a la vertebración de Cataluña no era conforme a la Constitución. Desde 2010 las cosas no dejaron de agravarse y la conveniencia de una reforma ha sido suscitada por muchos que por desgracia no se ponen de acuerdo ni sobre el contenido de la futura reforma ni siquiera sobre el modo de efectuarla.